Jockey Plaza: Familia acusada de robo es retenida ilegalmente

El 18 de octubre del año 2007, la señora Zulma Morveri Cabezas fue acusada de hurtar productos de la tienda Metro del jirón Cusco, en el Cercado de Lima. Cuando se retiraba de dicho establecimiento, los sensores de seguridad –ubicados en una de las salidas– se activaron e hicieron sonar una alarma. De inmediato fue intervenida por personal de seguridad y un policía que prestaba servicios a la tienda.

La retuvieron en contra de su voluntad y encima la conminaron a ingresar a un pequeño cuarto, obligándola a quitarse la ropa para buscar los artículos que supuestamente había robado. Pero, no hallaron nada. La culparon, la humillaron, la vejaron. Al final, avergonzado, un representante de la tienda le ofreció un vale de consumo en la cafetería del establecimiento. No lo aceptó. Denunció a Metro ante el Indecopi y ganó.

Quizá usted reconozca esta historia o alguna otra que le haya tocado vivir en carne propia o sepa por referencia de amigos o conocidos. Todos los días, en el momento menos esperado, en algún establecimiento comercial, los sensores de seguridad –ubicados preferentemente en las salidas–, se activan y suenan: señal de que algo pasa.




INACEPTABLE
Y algo pasa, en verdad, pues cada vez suman más las denuncias de nuestros lectores que se quejan por algún maltrato de parte de los agentes de seguridad de un centro comercial, tienda, supermercado, librería, entre otros establecimientos.

La última que recibimos es del señor Pedro Acuña, quien denuncia al personal de seguridad del centro comercial Jockey Plaza de haberlo maltratado, acusado y retenido en contra de su voluntad, por una supuesta falta que nunca cometió.

El pasado 25 de febrero, a las 4 de la tarde, Pedro llegó al recinto comercial acompañado de su esposa y su pequeña hija de 5 años. El primer local que visitó fue la tienda Kenneth Cole. Allí se probó algo de ropa, entretanto su esposa revisaba algunas carteras. Al final no compraron nada, salieron de la tienda y continuaron su recorrido.

Al cabo de quince minutos ingresaron a la tienda Saga Falabella, donde de manera brusca y sorpresiva fueron intervenidos por dos personas vestidas de civil, que dijeron ser policías, pero nunca se identificaron. Una vendedora de Kenneth Cole los acusaba de haber manipulado el sensor de seguridad de una cartera, con la intención de llevársela.

Una docena de agentes de seguridad (entre ellos los de la tienda Saga Falabella, del Jockey Plaza y las dos personas que dijeron ser policías vestidos de civil) los rodearon. Luego los trasladaron a una oficina en el piso inferior del centro comercial, donde permanecieron poco más de media hora –la niña también–.

Allí, luego de interrogarlos, un representante del centro comercial pidió revisar –junto con ellos– los videos de las cámaras de seguridad de la tienda. La sorpresa fue grande entonces. Se habían equivocado. No había evidencia alguna que inculpara a Pedro y a su esposa.

La niña de 5 años, atemorizada, sin saber qué pasaba a su alrededor, terminó llorando en brazos de su madre que no sabía qué hacer: si quejarse ante la autoridad o salir rápido de allí para evitarle más daño a su hija.

ROBOS EN AUMENTO
Según los responsables de seguridad de algunos establecimientos comerciales, que prefirieron no ser identificados, las medidas de control se extreman en algunos casos debido al creciente número de robos de mercadería que sufren las tiendas.

“El robo hormiga es el principal. Un supermercado, o cualquier otro establecimiento, no puede impedirle el acceso a ninguna persona y en su interior los agentes de seguridad no pueden abordar a nadie, sino que tienen que esperar a que el sospechoso pase las cajas, que es su frontera”, explicaron.

“Y no solo se trata de alimentos, tradicionalmente los más apetecidos, sino que las aspiraciones de los tenderos han crecido en audacia e ingenio”, dijeron.

Con todo ello, y así se justifiquen, de acuerdo con la ley ningún mecanismo de seguridad debe afectar la honra, dignidad y tranquilidad de los clientes, como sucedió en el caso del señor Acuña o la señora Morveri, que solo por una presunción y sin prueba alguna, fueron acusados por algo que jamás hicieron.

Hechos así ocurren también en Argentina, Chile, España y México, pero en ellos existen mecanismos de persuasión y control, que protegen los derechos ciudadanos, que no deben ser vulnerados por nadie y por ningún motivo.